Contrataciones directas del Ministerio de Justicia

A través de un decreto supremo emitido en el mes de marzo de 2017, se habilitó al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para contratar consultores en línea de forma directa para la redacción y elaboración de anteproyectos de ley para la reforma de los códigos civil, penal, de comercio, la ley general del trabajo y el novedoso (aunque discutible) primer código procesal administrativo. Si bien es innegable que muchas de las normas vigentes requieren de una actualización y profunda modificación, nos genera una gran incertidumbre el verificar el tiempo otorgado, según los contratos administrativos celebrados, a los consultores para la elaboración de las propuestas. Ya la experiencia generada con el denominado código del sistema penal, que propició un rechazo de parte de la población, debido a los sesgos en parte de su contenido, más allá de los aspectos rescatables y ponderables de dicha norma. Otro de los factores analizados es el relacionado a la subjetividad y susceptibilidad que produce una contratación directa a diferencia de un proceso formal de convocatoria, ya sea bajo modalidad ANPE o Licitación Pública.

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